
Desde el comienzo de la administración Scioli de la PBA buena parte de su política de seguridad fue ir volviendo atrás en las reformas impulsadas por el ex ministro de Seguridad, León Arslanian, gestión emblemática tanto para el "progresismo" como ejemplo de lo que hay que hacer para recuperar a la Policía, como también para la "derecha" para dar un ejemplo de ineficiencia, permisividad con la delincuencia y del "atado de manos" de quienes pierden la discrecionalidad en su accionar.
Esta política es vista por numerosos sectores del oficialismo como un retroceso de la política frente a la corporación policial que fue recuperando su autonomía nuevamente bajo un jefe de policía surgido de la institución en lugar de ser conducida por un jefe civil, aunque exista un ministro del area que muchos ven poco más que pintado y reclaman su remoción además de volver a jerarquizar el area dividiendo el ministerio conducido por Ricardo Casal en Seguridad y Justicia en dos ministerios como lo eran antes de su asunción.
Este es el conflicto central con un Gobierno Nacional sobre el cual repercute la violencia en la PBA, sobretodo en el Conurbano y considera a la Policía parte del problema y no ve que desde el ejecutivo provincial se aplique la energia suficiente para conducirla sino que se empeña en sostener la misma política cuestionada y al ministro Casal.
Los hechos que terminaron por tensar la cuerda aún más entre las administraciones fueron los asesinatos de jóvenes por parte de policías en José León Suarez y en Baradero que motivaron cambios en la cúpula policial por parte de Scioli, pero que no constituyen un cambio escencial para lo que los funcionarios nacionales del area pretenden.
En esta discusión, la gota que re
balsó el vaso para Scioli fue la presentación en un acto de un durísimo documento sobre seguridad en la PBA en la Legislaura Bonaerense organizado por el CELS y la Comisión de la Memoria de la provincia que cuestiona esta política y al ministro de area Ricardo Casal, uno de los blancos preferidos de Horacio Vertvisky, presidente del CELS quien en la charla se refirió en muy duros términos a su persona y desempeño al frente del ministerio de Seguridad. Además se encontraban presentes Roberto Baradel, secretario general de la CTA PBA, Martían Sabbatella y los legisladores oficialistas Mónica Cruz y el Chino Navarro.
La reacción del gobierno provincial fue responderle a los cuestionamientos públicos por el JGM de la PBA, Alberto Pérez quien salió con los tapones de punta hacia los que realizan los cuetonamientos públicos a esta política como Verbitsky y el ex ministro de Seguridad, León Arslanian que se dice asesora a la ministra Nilda Garré y que cuestiono lo que llama "autogobierno de la policía" en la provincia:

“Trabajamos en línea con lo que la sociedad reclama en materia de seguridad. Nosotros respetamos mucho al doctor León Arslanián, ha sido uno de los jueces que juzgó a los militares. Sin embargo ha fracasado en sus dos intervenciones como ministro de seguridad en los gobiernos de Solá y de Duhalde. Hoy cuestiona una política que va en línea con lo que pide la ciudadanía con ideas teóricas que cuando se aplicaron, siempre fracasaron”
"Desmerecer el muy buen trabajo que están haciendo el Gobernador y el Ministro Ricardo Casal, por quienes han ocupado en otro momento cargos de la misma responsabilidad en la Provincia, y han llevado al fracaso total."
Ahora es Scioli en persona quien reafirma estos conceptos hoy aca en Clarín:
"No le voy a m
entir a la gente, no hay soluciones mágicas. Hay que abordar el tema desde lo lógico y la racionalidad, no desde lo ideológico.También en la intimidad, Scioli insiste en que él conoce “lo que quieren los bonaerenses”. El gobernador dice que se basa en encuestas y en lo que le transmiten en persona los intendentes. El último sondeo que vio Scioli le demostró que el 80% está a favor de penalizar a los menores ."
Son las mismas encuestas a las que se refiere Alberto Pérez que arrojan ese resultado en donde la mayoría abrumadora está a favor de esta penalización, pero que por otra parte en las conclusiones de los datos advierten que:
"Si bien la mayoría está a favor de la responsabilidad penal de los menores a partir de los 14 años es en la juventud en donde la figura de Scioli tiene mayor adhesión y se oponen a la baja por lo que se deberá tener cuidado en este tema".
La decisión del gobernador está tomada y en su discurso inaugural del período ordinario de sesiones de la Legislatura ratificará el rumbo elegido resaltando los logros en materia de seguridad frente a las criticas y volverá a insistir con la baja de la edad de imputabilidad.
Será otro capítulo más en esta disputa que seguramente tendrá respuesta.